El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha aprovechado su estancia en Granada para participar en la tercera reunión del Foro Local de la Agenda Urbana, en el marco del II Foro Urbano de España. Este encuentro, constituido en Sevilla en 2021, en el que han participado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez y la nueva presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en su primer acto oficial, surgió como respuesta a la necesidad de poner en común actuaciones que se están llevando a cabo tanto por parte de la FEMP como por el MITMA, y de compartir experiencias y buenas prácticas por parte de las entidades locales.
El secretario de Estado, David Lucas, ha presentado el estado de implementación de la Agenda Urbana a nivel local; mientras que el nuevo secretario general de la FEMP, Luis Martínez Sicluna ha expuesto la Agenda Urbana como herramienta de gobernanza, refiriéndola como marco estratégico para impulsar políticas y planes que incidan en unos núcleos urbanos sostenibles, inclusivos, seguros y resilientes.
Para Miguel Ángel de Vicente, "es importante estar hoy aquí porque para conseguir todo esto se precisa de la participación y el compromiso de los gobiernos locales, de su capacidad transformadora y de su cercanía a las personas; porque por mucha AUE que se cree, si en el papel en blanco que supondrá definir la siguiente no se escucha y da participación y cabida a las necesidades del medio rural, no se cubrirán las demandas del territorio y, por lo tanto, nosotros creeremos y reivindicaremos una Agenda Urbana y Rural Española.
A lo largo de la reunión, por parte de los representantes estatales se refirieron los programas puestos en marcha, así como la gestión de las EDUSI y su desarrollo por parte de las iniciativas que han sido adjudicatarias de las mismas; mientras que varios representantes locales, gestores de fondos europeos y la propia presidenta de la FEMP han puesto de manifiesto las graves dificultades para gestionar y llevar a cabo los proyectos financiados con fondos europeos en las convocatorias de los diferentes ministerios; a lo que el Gobierno de España ha contestado que el plazo de 2026 es improrrogable y que todo el mundo deberá adecuarse al mismo.
